El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea —conocido como AI Act o Reglamento (UE) 2024/1689— es la primera ley integral sobre inteligencia artificial aprobada en el mundo. Entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y su aplicación es progresiva, pero parte de sus obligaciones ya son exigibles hoy mismo.
Su objetivo es claro: garantizar que los sistemas de IA que se desarrollan y usan en Europa son seguros, transparentes y respetuosos con los derechos fundamentales. Y para conseguirlo, establece obligaciones concretas para empresas, autónomos y organismos públicos que usen o desplieguen cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial.
¿Qué clasifica el AI Act?
El reglamento clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo que suponen para las personas y la sociedad. Cuanto mayor es el riesgo, más estrictas son las obligaciones.
- Riesgo inaceptable: sistemas directamente prohibidos. Por ejemplo, el reconocimiento facial masivo en espacios públicos, la manipulación subliminal o los sistemas de scoring social al estilo de los utilizados por algunos gobiernos.
- Alto riesgo: sistemas que afectan a decisiones críticas sobre personas. Incluye IA usada en selección de personal, concesión de crédito, educación, atención sanitaria o infraestructuras. Tienen las obligaciones más estrictas.
- Riesgo limitado: sistemas como chatbots o generadores de contenido, que deben informar al usuario de que está interactuando con una IA.
- Riesgo mínimo: la mayoría de usos cotidianos. Tienen libertad de uso pero con recomendaciones de buenas prácticas.
Qué obliga el AI Act a las empresas españolas
Aunque muchos asocian el AI Act con las grandes tecnológicas, lo cierto es que afecta a cualquier empresa que use herramientas de inteligencia artificial, aunque sea de forma indirecta. Una pyme que utiliza ChatGPT para redactar comunicaciones, Copilot para analizar datos o un chatbot para atender a clientes ya tiene obligaciones legales activas.
Las principales son:
- Artículo 4 — Alfabetización en IA: obliga a garantizar que todo el personal que trabaje con sistemas de IA tenga la formación adecuada a su puesto y al riesgo que implica el uso de esas herramientas. Esta obligación es exigible desde el 2 de febrero de 2025.
- Artículo 5 — Prohibiciones: también en vigor desde febrero de 2025. Las empresas deben conocer qué usos están prohibidos y asegurarse de no incurrir en ellos.
- Artículo 50 — Transparencia: en vigor desde agosto de 2026. Obliga a informar a los usuarios cuando interactúan con un sistema de IA: chatbots, contenido generado automáticamente, sistemas de reconocimiento de emociones.
Qué está haciendo España al respecto
El Gobierno de España ha dado varios pasos para preparar el marco de supervisión del AI Act. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, es la autoridad nacional designada para supervisar el cumplimiento del reglamento en España. Está en proceso de puesta en marcha y en los próximos meses irá asumiendo sus competencias de vigilancia, sanción y orientación a empresas.
Además, el Ministerio para la Transformación Digital ha publicado guías orientativas para ayudar a las empresas a entender sus obligaciones, especialmente en lo relativo a la formación del personal y al inventario de sistemas de IA utilizados.
Las sanciones por incumplimiento son significativas: hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual para las infracciones más graves (como usar sistemas prohibidos), y hasta 15 millones de euros o el 3% para el resto de incumplimientos.
Por qué actuar ahora y no esperar
La tentación de esperar a que la supervisión esté completamente activa es comprensible, pero arriesgada. La obligación legal ya existe desde febrero de 2025. El hecho de que la AESIA esté en fase de arranque no elimina la responsabilidad de las empresas, igual que el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento.
Además, adaptarse ahora tiene ventajas competitivas reales: las empresas que puedan acreditar formación de su equipo y documentación actualizada estarán en mejor posición ante clientes, licitaciones públicas y futuros procesos de auditoría.
El punto de partida es sencillo: hacer un inventario de qué herramientas de IA usa la empresa, con qué finalidad y quién las gestiona. A partir de ahí, es posible determinar qué obligaciones aplican y qué pasos hay que dar.
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